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sábado, 11 de octubre de 2014

LA ESCUELA DE D. LEON ALEXANDRE MACEDO

Una escuela casi olvidada: la escuela de d. León Alexandre Macedo de la calle Nueva.
 Juan Carlos Sánchez Corralejo.

Extraído de "El grupo Escolar y Valverde del Camino (1937-1986)". En SÁNCHEZ CORRALEJO, J.C.; PÉREZ RITE, J.A.; y BARCELÓ MARTÍNEZ, M. (2012): Del Grupo Escolar al CEIP Menéndez y Pelayo, pp. 48-49, 130 y 181.

Facanías, Octubre de 2014. 
 
 Desde fines de la década de 1940 actúa muy activamente la escuela privada de  D. León de la calle Nueva. León Alexandre Macedo, comerciante de afiliación socialista, era natural de Monesterio (Badajoz), donde formó parte de la Comisión Gestora creada tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931[1]. Ejerció el cargo de depositario interino en el Ayuntamiento de Monesterio, y ante la llegada de las columnas africanistas huyó a zona roja, pero fue detenido tras la guerra y enviado al campo de concentración de Castuera.[2]
 Al finalizar la Guerra Civil, el campo de concentración de Castuera funcionó como espacio de internamiento y clasificación de prisioneros de guerra, centro de represión comarcal y de eliminación selectiva de individuos significados con el régimen republicano. Además, en palabras de González Cortés, provocó un miedo que cercenó la disidencia y favoreció la identificación con los valores del nuevo Estado.
 Por su condición de preso político, León Alexandre fue desterrado de su pueblo y llegó a Valverde del Camino junto a su esposa, Carmen Rodríguez García, ya que la hermana de esta última, Araceli, se había afincado en nuestra localidad junto a su esposo, Antero Rodríguez Domínguez, natural de Cabeza la Vaca (Badajoz), agente comercial representante de tejidos de una casa sevillana, y más tarde dueño de un próspero almacén de curtidos.
En Valverde encontró en la docencia su modo de vida. La escuela de D. León Alexandre ocupaba una habitación doble del número 29 de la calle Nueva, donde más tarde se situó la barbería de José María Ramírez Prera. Los alumnos se sentaban en sillas sin pupitres y el maestro en una modesta mesa de camilla. Al no ser una escuela oficial, sus paredes estaban desprovistas de la litografía de Franco, el  retrato de José Antonio Primo de Rivera, la imagen de la Inmaculada Concepción o el clásico póster del Domund.   
D. León Alexandre Macedo dio clases de repaso a muchos alumnos que oficialmente acudían a otras escuelas públicas[3] y, en el mismo inmueble,   preparó a unos pocos alumnos para el ingreso y para primero de bachillerato[4]. Incluso su esposa, Carmen Rodríguez, impartió docencia a algunas niñas en la casilleta del fondo del inmueble, como medio de aliento a la economía familiar.
 La escuela de D. León cerró sus puertas a mediados de los 50, debido a los problemas de garganta del maestro; unos problemas que venían de lejos y por los que  tuvieron que colocarle un tubo de platino en la tráquea.[5] 
Sus alumnos reconocen su buen hacer como docente: Manuel Calero nos comenta que «era un fuera de serie enseñando. Con apenas diez años ya nos había enseñado a hacer raíces cuadradas».
 Algunos de sus alumnos fueron Antonio Lazo, Manuel Calero Marín, José Villadeamigo, José Rite Hidalgo, José Arenas Parreño, Pedro Palma, José Sánchez Ramírez y Francisco Matías Marín y otros muchos .
 
Pero el elemento sancionador tampoco estuvo exento de su academia. Bien es sabido que el castigo era aceptado en la escuela del franquismo como la situación que debía soportar un alumno al infringir una norma y que, con demasiada frecuencia, derivaba en un poder unidireccional sustentado en el miedo, capaz de generar en el alumnado angustia y humillaciones que excedían el simple control normativo[6]. El castigo fue un elemento básico de la metodología de estos años, que se sintetiza con el dicho de que la letra con la sangre entra.
 
En su día, analizamos la gama de sanciones detectadas en los colegios valverdeños del siglo XX, de forma especial en el Grupo Escolar: golpes, cachetes, tirones de pelo y de orejas, pellizcos, coscorrones, castigos colectivos... El instrumental varía, desde las manos del instructor a reglas, punteros, varas de palma, correas de cuero…    
 
También pudimos comprobar que los castigos no eran exclusivos de la escuela pública. Estuvieron muy presentes en las escuelas privadas de la localidad, como la de D. León Alexandre, y también con el mismo rigor en las escuelas religiosas.  
 «Fui alumno de las Salesianas con 6 y 7 años, pero abandoné el colegio cuando Sor Esperanza me pegó y mi madre decidió sacarme de aquel colegio. También en la escuela de D. León Alexandre se repartían beneficios. Para ello utilizaba tanto la regla de madera como la vara de palmera».[7]
 
Los manuales de la escuela de D. León Alexandre seguían la tónica del resto de  centros docentes de la localidad, públicos o privados. Los alumnos mayores, en los años treinta y primeros cuarenta, utilizaban el Grado Medio y Superior de la Enciclopedia Dalmau Carles, adquirida en las papelerías Perea o Fernández, o bien encargada directamente a Antero Rodríguez, comercial de tejidos y representante de libros. Era la enciclopedia preferida por los maestros de las escuelas unitarias, y lo siguió siendo en los primeros años del Grupo Escolar. También fue la utilizada por las hermanas Salesianas, como Sor Esperanza Pérez, Sor Elvira Molina, Sor Elvira Ortega o Sor María de Gracia en los años 40 y 50.
 
 
 
La enciclopedia Dalmau Carles fue también la preferida  en la escuela de D. León Alexandre: «El que se aprenda esto, -solía  decir D. León Alexandre señalando a la Enciclopedia Dalmau- no necesitará saber nada más en la vida”, mientras se paseaba por la clase con aquella enciclopedia en la mano».
 

 

Su carácter progresista hizo que tratara de evitar las lecturas patrióticas, base del adoctrinamiento franquista.  D. León Alexandre  implantó un texto muy diferente para la lectura diaria, el Quijote, aunque ello no significara una  revolución total, ya que al decir del profesor Redondo-Morcillo, fue el libro de lectura más utilizado en el franquismo[8]- Al menos, pudo soslayar en parte el férreo control  ideológico, frente al  soliloquio adoctrinador. Todos sus alumnos tenían su propio ejemplar del Ingenioso Hidalgo e iban pasando por la mesa del maestro, mejorando con él su destreza lectora.
 
[1].  BARRAGÁN LANCHARRO, Manuel. Breves pinceladas sobre la vida política y social de Monesterio (1930-1931). En Mesto, Cuadernos monográficos de Tentudía  IV. Actas del I Congreso de la Memoria  Colectiva de Tentudia, p. 520.
[2].  GONZÁLEZ CORTÉS, Ramón, “Prisioneros del miedo y control social: El campo de concentración de Castuera”. En Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea Nº 6 - Año 2006.
[3].  Caso, por ejemplo, de Fernando Hidalgo Romero y Andrés Vázquez, alumnos de la escuela de D. Antonio Infante Valdayo de la calle Real de Abajo.
[4].  Entrevistas a Fernando Gómez Becerro y  Agustín Rodríguez Rodríguez.
 
[5].  Entrevistas a Agustín Rodríguez y a Manuel Calero Marín.
[6]. SUÁREZ PAZOS, M., 2004,  p. 432.
[7]. Entrevista a Manuel Calero Marín.
 
[8]. Víd. SÁNCHEZ-REDONDO MORCILLO, Carlos (2000): “Política e ideología en los libros de lecturas escolares de la escuela primaria de los años sesenta”. En Tiana Ferrer, A., El Libro Escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas. Madrid, Universidad Nacional de Educación a distancia, p. 119.
 
 

 
 
 
 
 
 


 

jueves, 18 de septiembre de 2014

LA REPRESION DEL MAGISTERIO EN VALVERDE DEL CAMINO



La represión de los maestros en Valverde y la inauguración del Grupo Escolar.

 Juan Carlos Sánchez Corralejo.

Extraído de "El grupo Escolar y Valverde del Camino (1937-1986)". En SÁNCHEZ CORRALEJO , J.C. PÉREZ RITE J.A. Y BARCELÓ MARTÍNEZ M. (2012):  Del Grupo Escolar al CEIP Menéndez y Pelayo, pp. 42-46.


El 7 de diciembre de 1937 se produjo la Orden de la Junta Técnica del Estado[1], que estableció la suspensión de empleo y sueldo de Antonio Rodríguez-Cepeda García, quien, andando el tiempo, llegaría a ser director del propio colegio.

El procedimiento sancionador con los maestros fue básicamente igual en todas las provincias. Se decretaba la suspensión provisional y la exigencia de solicitar el reingreso para todos los docentes.  Estuvo regulado el Decreto 101 de 8 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional[2], que estableció la  obligación de todos los funcionarios de la  zona liberada de presentarse ante la  Autoridad o funcionario de superior categoría y la orden de 5 de noviembre de 1936 de la Junta de Burgos, que invalidaba todas las disposiciones administrativas dictadas posteriores al 18 de julio que no hubieran dictado las autoridades de la zona nacional. Su incumplimiento sería sancionado en virtud del Decreto 93 de 3 de diciembre de 1936, que ordenaba que los funcionarios que no se presentaran en el plazo debido serían declarados cesantes, sin formación de expediente[3]. La Orden de 30 de octubre de 1936, sobre depuración de responsabilidades de los empleados públicos, estableció, además, la suspensión de empleo y sueldo.  

A ello le siguió lo que Cano Bueso llamó el goteo de disposiciones para eliminar del servicio a los funcionarios no afectos al nuevo régimen. El decreto 108, de 13 de septiembre de 1936, permitía juzgar los delitos políticos cometidos desde 1934; la circular de 30 de septiembre de la Junta de Defensa Nacional conminaba a todos los alcaldes a remitir sus informes con patriotismo, pero a la par instaba a la desaparición de casos de informes basados en resentimientos personales o en casos de lenidad, y el decreto de Unificación de 19 de abril de 1937 estableció, además de la propia unificación de fuerzas políticas afectas, la  ilegalización del resto de partidos políticos y la necesidad de que los funcionarios fueran corregidos, suspendidos o destituidos, en caso de actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional[4].

En la práctica, el procedimiento consistía en analizar la ideología, la filiación política, actividad y cargos políticos y sindicales desempeñados, y la conducta profesional[5]. La depuración del magisterio fue encargada a comisiones de ámbito provincial, presididas por un director de Instituto de Bachillerato, un inspector de Enseñanza Primaria, el presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de la provincia y «dos personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica»[6]. Tres años después, una Orden Ministerial añadió dos nuevos miembros a las comisiones, designados a propuesta de la respectiva Jefatura Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.[7]

El franquismo acusó a miles de maestros de inocular el virus laicista y republicano y, por tal motivo, muchos docentes acabaron su vida de manera trágica en las tapias de los cementerios.

Reyes Santana y De Paz Sánchez  han analizado la represión  del magisterio al iniciarse la guerra civil en la provincia de Huelva y establecen dos fases represivas: La fase inicial surge al amparo de la Orden de 19 de agosto de 1936,  que conminaba a los alcaldes a informar al Rectorado Universitario sobre la conveniencia de la conducta en el aspecto moral y patriótico de los maestros, aunque la acumulación de expedientes hizo que la labor de purga pasara a manos de la Comisión Gestora Provincial de Primera Enseñanza. Esa potestad disciplinaria del alcalde se hizo extensiva a la jefatura de inspección, pero también  a los responsables de los Gobiernos Civil y Militar.

Hubo una segunda fase en virtud del Decreto 66 de la Junta Técnica del Estado de 8 de noviembre, que creó cuatro tipo de comisiones, designadas con letras mayúsculas desde la “A” a la “D”, esta última  encargada de depurar  a los maestros de educación primaria. Su funcionamiento quedó regulado por la Orden de 10 de noviembre, que preceptuaba la emisión de informes sobre los aspectos profesional, personal y social de los encausados por parte del alcalde, del párroco, del comandante de la Guardia civil y de un reputado padre de familia. Una Orden de 17 de febrero incluyó la sanción de separaciones temporales del servicio entre un mes y dos años, con suspensión de empleo y sueldo[8].


Se calcula que tres de cada diez maestros fueron depurados y trasladados fuera de su provincia de origen. Pese a ello, Reyes Santana y De Paz Sánchez[9] concluyen afirmando la escasa intensidad de la represión de maestros en Valverde, frente a la gran magnitud del mismo fenómeno a nivel provincial. Su estudio recoge a cuatro de los maestros primigenios del Grupo Escolar a los que se les abrió un proceso sancionador, aunque de carácter menor, que solo se cerró en un caso con suspensión de empleo y sueldo por periodo de un mes, en la persona de D. Antonio Rodríguez-Cepeda García[10].


Miguel Rasero Pardo, por pertenencia a un sindicato de enseñanza; Antonio Rodríguez Cepeda, por tendencias políticas de izquierda y pertenencia a sindicato de enseñanza. Manuel Viso Toscano, por tendencias políticas de izquierda y pertenencia a sindicato de enseñanza. Gregorio Romero Bogado fue el que recibió más acusaciones de izquierdista: tendencias izquierdistas, familiaridad con personas de izquierda y desempeño de cargos. (REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009,  594).

   


Sin embargo, la única suspensión que nos consta fue la impuesta a Antonio Rodríguez Cepeda,  suspendido de empleo y sueldo por un mes a partir del 18 de Diciembre de 1937 por  Orden de la Junta Técnica del Estado de 7 de Diciembre de 1937 (BOP de 18 de diciembre de 1937). La explicación familiar, que pasó de la esposa, Ana Marín de Sardi, a los hijos es la siguiente: a pesar de que Antonio era hombre de vocación religiosa, se habría negado a acudir a algún acto, ante la acumulación de fiestas y misas. Para evitar lo que él consideró una perdida excesiva de clases de sus alumnos no acudió a un acto, celebrado bien en la Iglesia parroquial, bien en la Plaza. A partir de ahí, los recuerdos se difuminan. Ese sería el origen del expediente.


 


A ello habría que añadir la extensión de la represión dirigida hacia personas que regentaban escuelas privadas y a los llamados cursillistas del 36. Conocemos el fusilamiento de José Quiñones García, que, aunque no era maestro, regentaba un parvulario en el callejón de las Brujas[11], y la represión sufrida por Diego Fernández Romero y  Andrés Rite Batanero.


 Diego Fernández Romero, nacido en 1909, obtuvo el título de maestro en marzo de 1931, pasando a ejercer en la Escuela de la Estación, sustituyendo a Manuel Viso, cuando este se reintegró en el ejército. Algunos de sus alumnos recuerdan aún cómo les enseñaba la tabla de multiplicar, desde el 1 al 12, cantando, todos de pie junto a las bancas bipersonales de madera[12]. Hermano del alcalde republicano Juan Fernández[13], estuvo preso en el penal castrense del Castillo de Santa Catalina (Cádiz) y tras la guerra, por mor de las depuraciones sufridas en su familia, debió abandonar la docencia y ayudar en el negocio familiar de su padre, la imprenta de Diego Fernández Parreño, antiguo apoderado del Frente Popular.


Andrés Rite Batanero (1907-1979) estudió en los Escolapios de Sevilla e inició la carrera de derecho, por indicación paterna, pero finalmente acabó en la Escuela Normal de Huelva, ya que su verdadera vocación era ser maestro.  Obtuvo el título de Magisterio en 22 de marzo de 1932, con 25 años de edad[14]. En diciembre de 1937 su nombre aparece en la relación  definitiva de solicitantes de vacantes de interinidades en escuelas nacionales, aprobada por el rector de la Universidad de Sevilla para la provincia de Huelva[15]. Algunos de sus alumnos en el Grupo Escolar, hacia 1938/39, fueron Paquillo Márquez o Manuel Romero Moya. Era un hombre «cariñoso, responsable y serio». Sabemos que trabajó además en el reformatorio en los primeros años cuarenta. Tras ser expulsado de la carrera docente –desconocemos los motivos esgrimidos- trabajó durante años en la oficina de Muebles los Zarzales, primero en la sucursal de Galaroza y más tarde en Valverde, hasta la etapa de la Cooperativa Muebles Valverde.

Estos cursillistas valverdeños del 36, como ocurrió a nivel nacional, aprobaron los ejercicios eliminatorios y los cursillos de perfeccionamiento en la época republicana, pero sus méritos fueron anulados por el régimen franquista. Eran maestros procedentes del plan profesional de 1931 que fueron privados de los derechos profesionales adquiridos dentro de la legalidad de la República. Muchos fueron perseguidos y procesados, acusados de «defender las ideas y la política del Frente Popular, dando trato preferente y amistad a las izquierdas; leer prensa de este matiz y ser de mala conducta religiosa». Todos tuvieron que abandonar el magisterio y dedicarse a los más diversos oficios. «La actuación antipatriótica y contraria al espíritu del Movimiento Nacional salvador de España» era uno de los cargos habituales contra ellos; otros la asociación o reunión ilícita, y la simpatía política por los partidos que habían «contribuido al mal que hoy padece nuestra querida Patria».[16]

Al terminar la guerra, todos los cursillistas quedaron suspensos de empleo y sueldo a efectos de la orden de 5 de noviembre de 1936. En 1960 se convocó una oposición restringida para el ingreso de cursillistas y ex combatientes que pudieran demostrar su afección al régimen franquista y estar libres de antecedentes penales.

Podríamos añadir el caso de José Castilla Limón, zapatero local, reconvertido a profesor de francés de la Academia Virgen del Reposo. Carecía de titulación de francés, pero aprendió el idioma durante la Guerra Civil leyendo y traduciendo Los miserables de Víctor Hugo, encerrado en la cárcel por su condición de socialista, en la prisión central del Puerto de Santa María, desde mayo de 1938.[17]


El zalameño José Contioso Lineros era estudiante por libre de último curso de magisterio y había hecho las practicas de 1º y 2º en la escuela de Manuel Viso Toscano, en el piso alto de la calle Juan González,  cuando estalló la Guerra Civil y su corazón “rojo” y libertario se vio obligado a combatir en el bando nacional en Espinosa de los Monteros, León o Peñaranda de Bracamonte. Aunque trabajó de contable en la fábrica de calzados de Andrés Senra gustó de ayudar, siempre de forma altruista, además de a sus hijas a algunos vecinos y conocidos a enderezar sus estudios, tanto de bachillerato como de magisterio.[18]


En definitiva, nos inclinamos a pensar que la apertura del Grupo Escolar de Valverde se produjo hacia febrero de 1938, una vez cumplidas las suspensiones de empleo y sueldo, después de que todos los docentes hubieran de solicitar el reingreso en el cuerpo, y que las harcas disminuyeran su actividad, debido al fin de los maquis[19]. 
     



[1]. BOP de la provincia de 18 de diciembre.
[2]. ABC. Sábado 9 de enero de 1937. Edición de Andalucía, p. 14. 
[3]. CANO BUESO; J., 1985, 117.  Se establece la sanción de declarar cesantes sin necesidad de apertura de expedientes  a los funcionarios ausentados de su residencia desde el 18 de julio.
[4]. CANO BUESO, J., 1985, 117-121. 
[5]. Por similitud con la Ley de 10 de febrero de 1939 de la Jefatura del Estado sobre depuración del personal en las zonas recientemente liberadas, podemos intuir el proceso aplicado con anterioridad. Por esta ley se exigía una declaración jurada en la que, además de sus datos personales, contestarían si prestaron adhesión al Movimiento Nacional o al gobierno rojo, si cotizaron a partidos o sindicatos, o si habían pertenecido a la  masonería.
[6]. Decreto de 8 de noviembre de 1936, Boletín Oficial del Estado del 11.
[7]. MORENTE VALERO F. 2001,  666 y 674-675.  Vid. BOE del 8 de noviembre de 1939.
[8]. REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009, pp. 312 y siguientes.
[9]. REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009,
[10].
[11]. SÁNCHEZ CORRALEJO, J.C.  2006 a, 41. Con apenas 28 años fue fusilado en Beas un triste 5 de agosto de 1937, al decir de los papeles franquistas «por su significación marxista». Vivía en el número 13 de la calle Triana. Regentaba la escuela del callejón de las Brujas. Era hijo de Santos García, más conocida como Santos «la garrocha». Era primo hermano de Dolores Quiñones Callejas, viuda con apenas 30 años.  En su acta de defunción consta la profesión de obrero, ya que no fue maestro nacional. Según Mª Jesús Domínguez Batanero, también dio repaso en la calle del Duque a niñas como Rosenda o las hermanas  Reyes, Petra y Josefita Corralejo Batanero.
[12]. Entrevista a Daniel Bermejo Ponce.
[13]. El alcalde en cuestión fue detenido por la guardinha al intentar pasar por Portugal a zona republicana. Probablemente murió en los acontecimientos de la Plaza de Toros de Badajoz, aunque no se tiene certeza absoluta de ello.
[14]. Entrevista a sus hijos, Magdalena y Paco Andrés Rite.
[15]. ABC de Sevilla. 15 de diciembre de 1937, p. 16. El mismo artículo establece que quedaba en suspenso la colocación de varios maestros hasta la resolución de la Comisión Depuradora del Magisterio, pero Andrés Rite no aparece en esa relación  
[16]. CARRASCO, Bel,  “Los maestros de la República quieren que sus derechos profesionales sean reconocidos”, en EL PAIS, 8 de noviembre de 1977.
[17]. ANTEQUERA LUENGO, J.J, y LUENGO JIMÉNEZJ.J.   Expedientes carcelarios de Huelva. Naturales y vecinos. 1938, p. 17. Fue apresado en agosto de 1937 junto a una veintena de valverdeños. Vid. ANTEQUERA LUENGO, J.J, y LUENGO JIMENEZJ.J.  Expedientes carcelarios de Valverde del Camino. Sevilla,  2008,  Facediciones, pp. 8, 11-13. 
[18] Entrevista a su hija María Dolores Contioso y a sus alumnos José Antonio Pérez Rite y Mª Jesús Ramos, todos ellos maestros del Menéndez y Pelayo.
[19]. Las  medidas represivas  privaron al maquis de sus enlaces. Los guerrilleros se entregan o prefieren morir. A decir de  P. J. Feria Vázquez,  la  actividad guerrillera fue debilitándose desde el otoño de 1937, hasta casi desparecer en la primavera de 1938. Entre  marzo y abril fueron asesinados, capturados o se entregaron la mayor parte de los guerrilleros. Algunos supervivientes optaron por huir a la zona republicana en pequeños grupos para no levantar sospechas. Terminó así la época de las grandes acciones guerrilleras en Huelva.