Páginas vistas en total

jueves, 18 de septiembre de 2014

LA REPRESION DEL MAGISTERIO EN VALVERDE DEL CAMINO



La represión de los maestros en Valverde y la inauguración del Grupo Escolar.

 Juan Carlos Sánchez Corralejo.

Extraído de "El grupo Escolar y Valverde del Camino (1937-1986)". En SÁNCHEZ CORRALEJO , J.C. PÉREZ RITE J.A. Y BARCELÓ MARTÍNEZ M. (2012):  Del Grupo Escolar al CEIP Menéndez y Pelayo, pp. 42-46.


El 7 de diciembre de 1937 se produjo la Orden de la Junta Técnica del Estado[1], que estableció la suspensión de empleo y sueldo de Antonio Rodríguez-Cepeda García, quien, andando el tiempo, llegaría a ser director del propio colegio.

El procedimiento sancionador con los maestros fue básicamente igual en todas las provincias. Se decretaba la suspensión provisional y la exigencia de solicitar el reingreso para todos los docentes.  Estuvo regulado el Decreto 101 de 8 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional[2], que estableció la  obligación de todos los funcionarios de la  zona liberada de presentarse ante la  Autoridad o funcionario de superior categoría y la orden de 5 de noviembre de 1936 de la Junta de Burgos, que invalidaba todas las disposiciones administrativas dictadas posteriores al 18 de julio que no hubieran dictado las autoridades de la zona nacional. Su incumplimiento sería sancionado en virtud del Decreto 93 de 3 de diciembre de 1936, que ordenaba que los funcionarios que no se presentaran en el plazo debido serían declarados cesantes, sin formación de expediente[3]. La Orden de 30 de octubre de 1936, sobre depuración de responsabilidades de los empleados públicos, estableció, además, la suspensión de empleo y sueldo.  

A ello le siguió lo que Cano Bueso llamó el goteo de disposiciones para eliminar del servicio a los funcionarios no afectos al nuevo régimen. El decreto 108, de 13 de septiembre de 1936, permitía juzgar los delitos políticos cometidos desde 1934; la circular de 30 de septiembre de la Junta de Defensa Nacional conminaba a todos los alcaldes a remitir sus informes con patriotismo, pero a la par instaba a la desaparición de casos de informes basados en resentimientos personales o en casos de lenidad, y el decreto de Unificación de 19 de abril de 1937 estableció, además de la propia unificación de fuerzas políticas afectas, la  ilegalización del resto de partidos políticos y la necesidad de que los funcionarios fueran corregidos, suspendidos o destituidos, en caso de actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional[4].

En la práctica, el procedimiento consistía en analizar la ideología, la filiación política, actividad y cargos políticos y sindicales desempeñados, y la conducta profesional[5]. La depuración del magisterio fue encargada a comisiones de ámbito provincial, presididas por un director de Instituto de Bachillerato, un inspector de Enseñanza Primaria, el presidente de la Asociación Católica de Padres de Familia de la provincia y «dos personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica»[6]. Tres años después, una Orden Ministerial añadió dos nuevos miembros a las comisiones, designados a propuesta de la respectiva Jefatura Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.[7]

El franquismo acusó a miles de maestros de inocular el virus laicista y republicano y, por tal motivo, muchos docentes acabaron su vida de manera trágica en las tapias de los cementerios.

Reyes Santana y De Paz Sánchez  han analizado la represión  del magisterio al iniciarse la guerra civil en la provincia de Huelva y establecen dos fases represivas: La fase inicial surge al amparo de la Orden de 19 de agosto de 1936,  que conminaba a los alcaldes a informar al Rectorado Universitario sobre la conveniencia de la conducta en el aspecto moral y patriótico de los maestros, aunque la acumulación de expedientes hizo que la labor de purga pasara a manos de la Comisión Gestora Provincial de Primera Enseñanza. Esa potestad disciplinaria del alcalde se hizo extensiva a la jefatura de inspección, pero también  a los responsables de los Gobiernos Civil y Militar.

Hubo una segunda fase en virtud del Decreto 66 de la Junta Técnica del Estado de 8 de noviembre, que creó cuatro tipo de comisiones, designadas con letras mayúsculas desde la “A” a la “D”, esta última  encargada de depurar  a los maestros de educación primaria. Su funcionamiento quedó regulado por la Orden de 10 de noviembre, que preceptuaba la emisión de informes sobre los aspectos profesional, personal y social de los encausados por parte del alcalde, del párroco, del comandante de la Guardia civil y de un reputado padre de familia. Una Orden de 17 de febrero incluyó la sanción de separaciones temporales del servicio entre un mes y dos años, con suspensión de empleo y sueldo[8].


Se calcula que tres de cada diez maestros fueron depurados y trasladados fuera de su provincia de origen. Pese a ello, Reyes Santana y De Paz Sánchez[9] concluyen afirmando la escasa intensidad de la represión de maestros en Valverde, frente a la gran magnitud del mismo fenómeno a nivel provincial. Su estudio recoge a cuatro de los maestros primigenios del Grupo Escolar a los que se les abrió un proceso sancionador, aunque de carácter menor, que solo se cerró en un caso con suspensión de empleo y sueldo por periodo de un mes, en la persona de D. Antonio Rodríguez-Cepeda García[10].


Miguel Rasero Pardo, por pertenencia a un sindicato de enseñanza; Antonio Rodríguez Cepeda, por tendencias políticas de izquierda y pertenencia a sindicato de enseñanza. Manuel Viso Toscano, por tendencias políticas de izquierda y pertenencia a sindicato de enseñanza. Gregorio Romero Bogado fue el que recibió más acusaciones de izquierdista: tendencias izquierdistas, familiaridad con personas de izquierda y desempeño de cargos. (REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009,  594).

   


Sin embargo, la única suspensión que nos consta fue la impuesta a Antonio Rodríguez Cepeda,  suspendido de empleo y sueldo por un mes a partir del 18 de Diciembre de 1937 por  Orden de la Junta Técnica del Estado de 7 de Diciembre de 1937 (BOP de 18 de diciembre de 1937). La explicación familiar, que pasó de la esposa, Ana Marín de Sardi, a los hijos es la siguiente: a pesar de que Antonio era hombre de vocación religiosa, se habría negado a acudir a algún acto, ante la acumulación de fiestas y misas. Para evitar lo que él consideró una perdida excesiva de clases de sus alumnos no acudió a un acto, celebrado bien en la Iglesia parroquial, bien en la Plaza. A partir de ahí, los recuerdos se difuminan. Ese sería el origen del expediente.


 


A ello habría que añadir la extensión de la represión dirigida hacia personas que regentaban escuelas privadas y a los llamados cursillistas del 36. Conocemos el fusilamiento de José Quiñones García, que, aunque no era maestro, regentaba un parvulario en el callejón de las Brujas[11], y la represión sufrida por Diego Fernández Romero y  Andrés Rite Batanero.


 Diego Fernández Romero, nacido en 1909, obtuvo el título de maestro en marzo de 1931, pasando a ejercer en la Escuela de la Estación, sustituyendo a Manuel Viso, cuando este se reintegró en el ejército. Algunos de sus alumnos recuerdan aún cómo les enseñaba la tabla de multiplicar, desde el 1 al 12, cantando, todos de pie junto a las bancas bipersonales de madera[12]. Hermano del alcalde republicano Juan Fernández[13], estuvo preso en el penal castrense del Castillo de Santa Catalina (Cádiz) y tras la guerra, por mor de las depuraciones sufridas en su familia, debió abandonar la docencia y ayudar en el negocio familiar de su padre, la imprenta de Diego Fernández Parreño, antiguo apoderado del Frente Popular.


Andrés Rite Batanero (1907-1979) estudió en los Escolapios de Sevilla e inició la carrera de derecho, por indicación paterna, pero finalmente acabó en la Escuela Normal de Huelva, ya que su verdadera vocación era ser maestro.  Obtuvo el título de Magisterio en 22 de marzo de 1932, con 25 años de edad[14]. En diciembre de 1937 su nombre aparece en la relación  definitiva de solicitantes de vacantes de interinidades en escuelas nacionales, aprobada por el rector de la Universidad de Sevilla para la provincia de Huelva[15]. Algunos de sus alumnos en el Grupo Escolar, hacia 1938/39, fueron Paquillo Márquez o Manuel Romero Moya. Era un hombre «cariñoso, responsable y serio». Sabemos que trabajó además en el reformatorio en los primeros años cuarenta. Tras ser expulsado de la carrera docente –desconocemos los motivos esgrimidos- trabajó durante años en la oficina de Muebles los Zarzales, primero en la sucursal de Galaroza y más tarde en Valverde, hasta la etapa de la Cooperativa Muebles Valverde.

Estos cursillistas valverdeños del 36, como ocurrió a nivel nacional, aprobaron los ejercicios eliminatorios y los cursillos de perfeccionamiento en la época republicana, pero sus méritos fueron anulados por el régimen franquista. Eran maestros procedentes del plan profesional de 1931 que fueron privados de los derechos profesionales adquiridos dentro de la legalidad de la República. Muchos fueron perseguidos y procesados, acusados de «defender las ideas y la política del Frente Popular, dando trato preferente y amistad a las izquierdas; leer prensa de este matiz y ser de mala conducta religiosa». Todos tuvieron que abandonar el magisterio y dedicarse a los más diversos oficios. «La actuación antipatriótica y contraria al espíritu del Movimiento Nacional salvador de España» era uno de los cargos habituales contra ellos; otros la asociación o reunión ilícita, y la simpatía política por los partidos que habían «contribuido al mal que hoy padece nuestra querida Patria».[16]

Al terminar la guerra, todos los cursillistas quedaron suspensos de empleo y sueldo a efectos de la orden de 5 de noviembre de 1936. En 1960 se convocó una oposición restringida para el ingreso de cursillistas y ex combatientes que pudieran demostrar su afección al régimen franquista y estar libres de antecedentes penales.

Podríamos añadir el caso de José Castilla Limón, zapatero local, reconvertido a profesor de francés de la Academia Virgen del Reposo. Carecía de titulación de francés, pero aprendió el idioma durante la Guerra Civil leyendo y traduciendo Los miserables de Víctor Hugo, encerrado en la cárcel por su condición de socialista, en la prisión central del Puerto de Santa María, desde mayo de 1938.[17]


El zalameño José Contioso Lineros era estudiante por libre de último curso de magisterio y había hecho las practicas de 1º y 2º en la escuela de Manuel Viso Toscano, en el piso alto de la calle Juan González,  cuando estalló la Guerra Civil y su corazón “rojo” y libertario se vio obligado a combatir en el bando nacional en Espinosa de los Monteros, León o Peñaranda de Bracamonte. Aunque trabajó de contable en la fábrica de calzados de Andrés Senra gustó de ayudar, siempre de forma altruista, además de a sus hijas a algunos vecinos y conocidos a enderezar sus estudios, tanto de bachillerato como de magisterio.[18]


En definitiva, nos inclinamos a pensar que la apertura del Grupo Escolar de Valverde se produjo hacia febrero de 1938, una vez cumplidas las suspensiones de empleo y sueldo, después de que todos los docentes hubieran de solicitar el reingreso en el cuerpo, y que las harcas disminuyeran su actividad, debido al fin de los maquis[19]. 
     



[1]. BOP de la provincia de 18 de diciembre.
[2]. ABC. Sábado 9 de enero de 1937. Edición de Andalucía, p. 14. 
[3]. CANO BUESO; J., 1985, 117.  Se establece la sanción de declarar cesantes sin necesidad de apertura de expedientes  a los funcionarios ausentados de su residencia desde el 18 de julio.
[4]. CANO BUESO, J., 1985, 117-121. 
[5]. Por similitud con la Ley de 10 de febrero de 1939 de la Jefatura del Estado sobre depuración del personal en las zonas recientemente liberadas, podemos intuir el proceso aplicado con anterioridad. Por esta ley se exigía una declaración jurada en la que, además de sus datos personales, contestarían si prestaron adhesión al Movimiento Nacional o al gobierno rojo, si cotizaron a partidos o sindicatos, o si habían pertenecido a la  masonería.
[6]. Decreto de 8 de noviembre de 1936, Boletín Oficial del Estado del 11.
[7]. MORENTE VALERO F. 2001,  666 y 674-675.  Vid. BOE del 8 de noviembre de 1939.
[8]. REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009, pp. 312 y siguientes.
[9]. REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009,
[10].
[11]. SÁNCHEZ CORRALEJO, J.C.  2006 a, 41. Con apenas 28 años fue fusilado en Beas un triste 5 de agosto de 1937, al decir de los papeles franquistas «por su significación marxista». Vivía en el número 13 de la calle Triana. Regentaba la escuela del callejón de las Brujas. Era hijo de Santos García, más conocida como Santos «la garrocha». Era primo hermano de Dolores Quiñones Callejas, viuda con apenas 30 años.  En su acta de defunción consta la profesión de obrero, ya que no fue maestro nacional. Según Mª Jesús Domínguez Batanero, también dio repaso en la calle del Duque a niñas como Rosenda o las hermanas  Reyes, Petra y Josefita Corralejo Batanero.
[12]. Entrevista a Daniel Bermejo Ponce.
[13]. El alcalde en cuestión fue detenido por la guardinha al intentar pasar por Portugal a zona republicana. Probablemente murió en los acontecimientos de la Plaza de Toros de Badajoz, aunque no se tiene certeza absoluta de ello.
[14]. Entrevista a sus hijos, Magdalena y Paco Andrés Rite.
[15]. ABC de Sevilla. 15 de diciembre de 1937, p. 16. El mismo artículo establece que quedaba en suspenso la colocación de varios maestros hasta la resolución de la Comisión Depuradora del Magisterio, pero Andrés Rite no aparece en esa relación  
[16]. CARRASCO, Bel,  “Los maestros de la República quieren que sus derechos profesionales sean reconocidos”, en EL PAIS, 8 de noviembre de 1977.
[17]. ANTEQUERA LUENGO, J.J, y LUENGO JIMÉNEZJ.J.   Expedientes carcelarios de Huelva. Naturales y vecinos. 1938, p. 17. Fue apresado en agosto de 1937 junto a una veintena de valverdeños. Vid. ANTEQUERA LUENGO, J.J, y LUENGO JIMENEZJ.J.  Expedientes carcelarios de Valverde del Camino. Sevilla,  2008,  Facediciones, pp. 8, 11-13. 
[18] Entrevista a su hija María Dolores Contioso y a sus alumnos José Antonio Pérez Rite y Mª Jesús Ramos, todos ellos maestros del Menéndez y Pelayo.
[19]. Las  medidas represivas  privaron al maquis de sus enlaces. Los guerrilleros se entregan o prefieren morir. A decir de  P. J. Feria Vázquez,  la  actividad guerrillera fue debilitándose desde el otoño de 1937, hasta casi desparecer en la primavera de 1938. Entre  marzo y abril fueron asesinados, capturados o se entregaron la mayor parte de los guerrilleros. Algunos supervivientes optaron por huir a la zona republicana en pequeños grupos para no levantar sospechas. Terminó así la época de las grandes acciones guerrilleras en Huelva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario