El 7 de diciembre de 1937 se produjo la
Orden de la Junta Técnica del Estado[1], que estableció la suspensión de empleo
y sueldo de Antonio Rodríguez-Cepeda García, quien, andando el tiempo,
llegaría a ser director del propio colegio.
El procedimiento sancionador con los maestros
fue básicamente igual en todas las provincias. Se decretaba la suspensión
provisional y la exigencia de solicitar el reingreso para todos los
docentes. Estuvo regulado el Decreto 101
de 8 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional[2],
que estableció la obligación de todos
los funcionarios de la zona liberada de
presentarse ante la Autoridad o
funcionario de superior categoría y la orden de 5 de noviembre de 1936 de la Junta de
Burgos, que invalidaba todas las disposiciones administrativas dictadas
posteriores al 18 de julio que no hubieran dictado las autoridades de la zona
nacional. Su incumplimiento sería sancionado en virtud
del Decreto 93 de 3 de diciembre de 1936, que ordenaba que los funcionarios que
no se presentaran en el plazo debido serían declarados cesantes, sin formación
de expediente[3].
La Orden de 30 de octubre de 1936, sobre depuración de responsabilidades de los
empleados públicos, estableció, además, la suspensión de empleo y sueldo.
A ello le siguió lo que
Cano Bueso llamó el goteo de disposiciones para eliminar del servicio a los
funcionarios no afectos al nuevo régimen. El decreto 108, de 13 de septiembre
de 1936, permitía juzgar los delitos políticos cometidos desde 1934; la
circular de 30 de septiembre de la Junta de Defensa Nacional conminaba a todos
los alcaldes a remitir sus informes con patriotismo, pero a la par instaba a la
desaparición de casos de informes basados en resentimientos personales o en
casos de lenidad, y el decreto de Unificación de 19 de abril de 1937
estableció, además de la propia unificación de fuerzas políticas afectas,
la ilegalización del resto de partidos
políticos y la necesidad de que los funcionarios fueran corregidos, suspendidos
o destituidos, en caso de actuaciones antipatrióticas o contrarias al
Movimiento Nacional[4].
En la práctica, el
procedimiento consistía en analizar la ideología, la filiación política,
actividad y cargos políticos y sindicales desempeñados, y la conducta
profesional[5].
La depuración del magisterio fue encargada a comisiones de ámbito provincial,
presididas por un director de Instituto de Bachillerato, un inspector de
Enseñanza Primaria, el presidente de la Asociación Católica de Padres de
Familia de la provincia y «dos personas
de máximo arraigo y solvencia moral y técnica»[6]. Tres años después, una Orden Ministerial añadió dos nuevos
miembros a las comisiones, designados a propuesta de la respectiva Jefatura
Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.[7]
El franquismo acusó a miles de maestros de inocular el virus
laicista y republicano y, por tal motivo, muchos docentes acabaron su vida de
manera trágica en las tapias de los cementerios.
Reyes Santana y De Paz Sánchez
han analizado la represión del
magisterio al iniciarse la guerra civil en la provincia de Huelva y establecen
dos fases represivas: La fase inicial surge al amparo de la Orden de 19 de
agosto de 1936, que conminaba a los
alcaldes a informar al Rectorado Universitario sobre la conveniencia de la
conducta en el aspecto moral y patriótico de los maestros, aunque la acumulación
de expedientes hizo que la labor de purga pasara a manos de la Comisión Gestora
Provincial de Primera Enseñanza. Esa potestad disciplinaria del alcalde se hizo
extensiva a la jefatura de inspección, pero también a los responsables de los Gobiernos Civil y
Militar.
Hubo una segunda fase en virtud del Decreto 66 de la Junta Técnica
del Estado de 8 de noviembre, que creó cuatro tipo de comisiones, designadas
con letras mayúsculas desde la “A” a la “D”, esta última encargada de depurar a los maestros de educación primaria. Su
funcionamiento quedó regulado por la Orden de 10 de noviembre, que preceptuaba
la emisión de informes sobre los aspectos profesional, personal y social de los
encausados por parte del alcalde, del párroco, del comandante de la Guardia
civil y de un reputado padre de familia. Una Orden de 17 de febrero incluyó la
sanción de separaciones temporales del servicio entre un mes y dos años, con
suspensión de empleo y sueldo[8].
Se calcula que tres de cada diez maestros fueron depurados y trasladados fuera de su provincia de origen. Pese a ello, Reyes Santana y De Paz Sánchez[9] concluyen afirmando la escasa intensidad de la represión de maestros en Valverde, frente a la gran magnitud del mismo fenómeno a nivel provincial. Su estudio recoge a cuatro de los maestros primigenios del Grupo Escolar a los que se les abrió un proceso sancionador, aunque de carácter menor, que solo se cerró en un caso con suspensión de empleo y sueldo por periodo de un mes, en la persona de D. Antonio Rodríguez-Cepeda García[10].
Miguel Rasero Pardo, por pertenencia a un sindicato de enseñanza; Antonio Rodríguez Cepeda, por tendencias políticas de izquierda y pertenencia a sindicato de enseñanza. Manuel Viso Toscano, por tendencias políticas de izquierda y pertenencia a sindicato de enseñanza. Gregorio Romero Bogado fue el que recibió más acusaciones de izquierdista: tendencias izquierdistas, familiaridad con personas de izquierda y desempeño de cargos. (REYES SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009, 594).
Sin embargo, la única suspensión que nos consta fue la impuesta a Antonio Rodríguez Cepeda, suspendido de empleo y sueldo por un mes a partir del 18 de Diciembre de 1937 por Orden de la Junta Técnica del Estado de 7 de Diciembre de 1937 (BOP de 18 de diciembre de 1937). La explicación familiar, que pasó de la esposa, Ana Marín de Sardi, a los hijos es la siguiente: a pesar de que Antonio era hombre de vocación religiosa, se habría negado a acudir a algún acto, ante la acumulación de fiestas y misas. Para evitar lo que él consideró una perdida excesiva de clases de sus alumnos no acudió a un acto, celebrado bien en la Iglesia parroquial, bien en la Plaza. A partir de ahí, los recuerdos se difuminan. Ese sería el origen del expediente.
A ello habría que añadir la extensión de la represión dirigida
hacia personas que regentaban escuelas privadas y a los llamados cursillistas
del 36. Conocemos el fusilamiento de José
Quiñones García, que, aunque no era maestro, regentaba un parvulario en el
callejón de las Brujas[11],
y la represión sufrida por Diego Fernández Romero y Andrés Rite Batanero.
Andrés Rite Batanero (1907-1979) estudió en los Escolapios de Sevilla e inició la carrera de derecho, por indicación paterna, pero finalmente acabó en la Escuela Normal de Huelva, ya que su verdadera vocación era ser maestro. Obtuvo el título de Magisterio en 22 de marzo de 1932, con 25 años de edad[14]. En diciembre de 1937 su nombre aparece en la relación definitiva de solicitantes de vacantes de interinidades en escuelas nacionales, aprobada por el rector de la Universidad de Sevilla para la provincia de Huelva[15]. Algunos de sus alumnos en el Grupo Escolar, hacia 1938/39, fueron Paquillo Márquez o Manuel Romero Moya. Era un hombre «cariñoso, responsable y serio». Sabemos que trabajó además en el reformatorio en los primeros años cuarenta. Tras ser expulsado de la carrera docente –desconocemos los motivos esgrimidos- trabajó durante años en la oficina de Muebles los Zarzales, primero en la sucursal de Galaroza y más tarde en Valverde, hasta la etapa de la Cooperativa Muebles Valverde.
Estos cursillistas
valverdeños del 36, como ocurrió a nivel nacional, aprobaron los ejercicios
eliminatorios y los cursillos de perfeccionamiento en la época republicana,
pero sus méritos fueron anulados por el régimen franquista. Eran maestros
procedentes del plan profesional de 1931 que fueron privados de los derechos
profesionales adquiridos dentro de la legalidad de la República. Muchos fueron
perseguidos y procesados, acusados de «defender las ideas y la política del Frente
Popular, dando trato preferente y amistad a las izquierdas; leer prensa de este
matiz y ser de mala conducta religiosa». Todos tuvieron que abandonar el
magisterio y dedicarse a los más diversos oficios. «La actuación antipatriótica y contraria al espíritu del Movimiento
Nacional salvador de España» era uno de los cargos habituales contra ellos;
otros la asociación o reunión ilícita, y la simpatía política por los partidos
que habían «contribuido al mal que hoy padece nuestra querida Patria».[16]
Al terminar la guerra,
todos los cursillistas quedaron suspensos de empleo y sueldo a efectos de la
orden de 5 de noviembre de 1936. En 1960 se convocó una oposición restringida
para el ingreso de cursillistas y ex combatientes que pudieran demostrar su
afección al régimen franquista y estar libres de antecedentes penales.
Podríamos añadir el caso de José
Castilla Limón, zapatero local, reconvertido a profesor de francés de la
Academia Virgen del Reposo. Carecía de titulación de francés, pero aprendió el
idioma durante la Guerra Civil leyendo y traduciendo Los miserables de Víctor Hugo, encerrado en la cárcel por su
condición de socialista, en la prisión central del Puerto de Santa María, desde
mayo de 1938.[17]
El zalameño José Contioso Lineros era estudiante
por libre de último curso de magisterio y había hecho las practicas de 1º y 2º
en la escuela de Manuel Viso Toscano, en el piso alto de la calle Juan
González, cuando estalló la Guerra Civil
y su corazón “rojo” y libertario se vio obligado a combatir en el bando
nacional en Espinosa de los Monteros, León o Peñaranda de Bracamonte. Aunque
trabajó de contable en la fábrica de calzados de Andrés Senra gustó de ayudar,
siempre de forma altruista, además de a sus hijas a algunos vecinos y conocidos
a enderezar sus estudios, tanto de bachillerato como de magisterio.[18]
En definitiva, nos inclinamos a pensar
que la apertura del Grupo Escolar de Valverde se produjo hacia febrero de 1938,
una vez cumplidas las suspensiones de empleo y sueldo, después de que todos los
docentes hubieran de solicitar el reingreso
en el cuerpo, y que las harcas disminuyeran su actividad, debido al fin de los
maquis[19].
[2]. ABC.
Sábado 9 de enero de 1937. Edición de Andalucía, p. 14.
[3]. CANO
BUESO; J., 1985, 117. Se establece la
sanción de declarar cesantes sin necesidad de apertura de expedientes a los funcionarios ausentados de su
residencia desde el 18 de julio.
[4]. CANO
BUESO, J., 1985, 117-121.
[5]. Por
similitud con la Ley de 10 de febrero de 1939 de la Jefatura del Estado sobre
depuración del personal en las zonas recientemente liberadas, podemos intuir el
proceso aplicado con anterioridad. Por esta ley se exigía una declaración
jurada en la que, además de sus datos personales, contestarían si prestaron
adhesión al Movimiento Nacional o al gobierno rojo, si cotizaron a partidos o
sindicatos, o si habían pertenecido a la
masonería.
[9]. REYES
SANTANA M. y PAZ SÁNCHEZ, J.J. 2009,
[10].
[11]. SÁNCHEZ
CORRALEJO, J.C. 2006 a, 41. Con apenas 28 años
fue fusilado en Beas un triste 5 de agosto de 1937, al decir de los papeles
franquistas «por su significación marxista». Vivía en el número 13 de la
calle Triana. Regentaba la escuela del callejón de las Brujas. Era hijo de
Santos García, más conocida como Santos «la garrocha». Era primo hermano de
Dolores Quiñones Callejas, viuda con apenas 30 años. En su acta de defunción consta la profesión
de obrero, ya que no fue maestro nacional. Según Mª Jesús Domínguez Batanero, también dio repaso en la calle del
Duque a niñas como Rosenda o las hermanas
Reyes, Petra y Josefita Corralejo Batanero.
[12]. Entrevista
a Daniel Bermejo Ponce.
[13]. El
alcalde en cuestión fue detenido por la guardinha al intentar pasar por
Portugal a zona republicana. Probablemente murió en los acontecimientos de la
Plaza de Toros de Badajoz, aunque no se tiene certeza absoluta de ello.
[14].
Entrevista a sus hijos, Magdalena y Paco Andrés Rite.
[15]. ABC de
Sevilla. 15 de diciembre de 1937, p. 16. El mismo artículo establece que
quedaba en suspenso la colocación de varios maestros hasta la resolución de la
Comisión Depuradora del Magisterio, pero Andrés Rite no aparece en esa
relación
[16].
CARRASCO, Bel, “Los maestros de la
República quieren que sus derechos profesionales sean reconocidos”, en EL PAIS, 8 de noviembre de 1977.
[17].
ANTEQUERA LUENGO, J.J, y LUENGO JIMÉNEZJ.J.
Expedientes carcelarios de Huelva. Naturales y vecinos. 1938, p. 17. Fue
apresado en agosto de 1937 junto a una veintena de valverdeños. Vid. ANTEQUERA
LUENGO, J.J, y LUENGO JIMENEZJ.J.
Expedientes carcelarios de Valverde del Camino. Sevilla, 2008,
Facediciones, pp. 8, 11-13.
[18]
Entrevista a su hija María Dolores Contioso y a sus alumnos José Antonio Pérez Rite y Mª Jesús Ramos, todos ellos
maestros del Menéndez y Pelayo.
[19]. Las medidas represivas privaron al maquis de sus enlaces. Los
guerrilleros se entregan o prefieren morir. A decir de P. J. Feria Vázquez, la
actividad guerrillera fue debilitándose desde el otoño de 1937, hasta
casi desparecer en la primavera de 1938. Entre
marzo y abril fueron asesinados, capturados o se entregaron la mayor
parte de los guerrilleros. Algunos supervivientes optaron por huir a la zona
republicana en pequeños grupos para no levantar sospechas. Terminó así la época
de las grandes acciones guerrilleras en Huelva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario